¿A qué jugamos?

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  consagra en su artículo 299, que su régimen socioeconómico “…se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad”.Son estos principios rectores sobre los cuales se debe construir todo el esfuerzo responsable de “hacer política” en materia económica por parte del Estado venezolano, allí la equidad, el buen uso de los recursos, un ambiente sustentable y la producción diversificada, se evidencian como los grandes objetivos a alcanzar en la instrumentación de un coherente programa económico que porte en estos principios, el estandarte de la gran empresa nacional;  y la consulta, el libre juego de la oferta y la demanda, la inversión y el acompañamiento esmerado de un Estado productivo y una sociedad consciente de su rol protagónico en la construcción colectiva del proyecto de país, serán los medios, a través de los cuales ese desarrollo humano y esa existencia digna del venezolano se tienen que alcanzar.

Es enfática la Carta Magna, cuando apunta a que bajo ese régimen que allí se establece se ordena un mandato para el Estado y para la empresa privada en la que los obliga a la promoción conjunta del desarrollo armónico de la economía nacional, es decir, ninguno de estos dos importantes actores pueden, ni deben hacerlo solos; el constituyente del 99 es claro cuando encomienda una de las más importantes funciones para la edificación de ese proyecto de país, a un esfuerzo mancomunado entre las facultades estatales y políticas puestas al servicio del desarrollo nacional con el apoyo y apalancamiento de la iniciativa privada para mover las condiciones productivas de la nación a favor de la diversificación de las posibilidades productivas y de inversión que más favorezca a la sociedad venezolana.

Con todo ello se debe procurar lo que efectivamente tiene que ser la preocupación de un equipo de gobierno a favor de un verdadero proyecto nacional, como es el que la misma Constitución refiere cuando señala como finalidad de ese esfuerzo mancomunado, la generación de: “…fuente de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza, mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta”.

Es este el norte trazado en el documento fundacional de la República, quien quiera hacer otra lectura a lo allí establecido, sin duda apuesta al desastre nacional y asume con irresponsabilidad el claro y noble valor que encierra esa voluntad allí descrita, a estos aspectos aquí mencionados es que apostamos los ciudadanos y confiar que en la buena voluntad de los herederos del nombre del Padre de la Patria, hagamos esfuerzos para conseguir los espacios de reconciliación necesarios para consolidar esta plataforma institucional que permita echar adelante y proyectar el rumbo económico a horizontes más provechosos, porque la evidencia mostrada en las últimas decisiones en materia de política económica, pareciera contradecir y desdibujar los trazos constitucionales establecidos y los mismos se tornan a contracorriente de los grandes objetivos a alcanzar.

Para mayor comprensión de lo que está escrito aquí, y veamos el juego en el que nos hemos metido, destaco algunas ideas presentadas en la exposición de motivos de la propia Constitución del 99: “El régimen socioeconómico no se define en forma rígida, no obstante se consagran principios (…), fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles de mercado y Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual”. “El Estado no está ausente, tiene un papel fundamental como regulador de la economía…”. “En suma se plantea un equilibrio entre Estado y mercado en razón de que el problema no es más Estado o menos Estado sino un mejor Estado y el mercado no es un fin en sí mismo sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad, entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés colectivo”.

Prof. Freddy Enrique Hermoso Herrada.
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Acerca de "EN SOCIEDAD"

Lic. en Ciencias Políticas y Administrativas. Especialista en Gerencia de Programas Sociales. Profesor de Post grado de UCV y de la UCAB
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